Petro postula a su abogado Héctor Carvajal para la Corte Constitucional
La terna del presidente se completa con Karena Caselles Hernández y Dídima Rico Chavarro. La plenaria del Senado deberá elegir el remplazo de la magistrada Cristina Pardo
El presidente Gustavo Petro ha anunciado en la mañana de este martes su terna de candidatos para reemplazar a la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Ha postulado ante el Senado a Karena Caselles Hernández, Dídima Rico Chavarro y Héctor Alfonso Carvajal. Este último ha sido desde hace años amigo personal de Petro y es uno de los abogados que lo ha defendido en la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de su campaña en 2022. En las próximas semanas, la plenaria del Senado debe elegir al nuevo integrante del poderoso tribunal.
Carvajal se ha convertido en una figura famosa desde que Petro llegó al poder, en agosto de 2022. Apareció en las primeras planas de los medios por su labor como coordinador en las tres reuniones que tuvo Petro con su némesis política, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien también es cercano Carvajal. El primer encuentro ocurrió en el despacho del ahora candidato a magistrado, el segundo en la Casa de Nariño, y el tercero en la residencia del abogado de 64 años. En una entrevista con EL PAÍS en 2023, Carvajal contó que hablaba casi todos los días por teléfono con Petro, un privilegio que no tiene casi ningún funcionario y que demuestra la cercanía entre ambos. Por ello, ha sonado para ocupar cargos públicos de primer orden en los que, si bien no son parte del Ejecutivo, el presidente tiene incidencia. En 2023 se rumoró con insistencia que sería ternado por Petro para la Fiscalía General y luego el presidente lo incluyó en su lista de aspirantes a la Procuraduría.
La amistad entre Petro y Carvajal comenzó hace más de una década. En 2013, el abogado especializado en derecho público dirigió la defensa del entonces alcalde de Bogotá en una investigación disciplinaria con la que el exprocurador Alejandro Ordóñez lo había suspendido del cargo. Hoy en día, Carvajal tiene una firma de abogados especializada en derecho administrativo. Tiene buenas relaciones y reconocimiento en la cúpula judicial, como demuestra que los magistrados del Consejo de Estado y de la sala penal de la Corte Suprema lo hayan elegido como su conjuez (un abogado prestante que los reemplaza para casos en los que tienen conflictos de interés u otro motivo para separarse de ellos). Petro, además, le delegó la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando la Procuraduría lo suspendió por participación indebida en política. Aún es pronto para saber si esa relación cercana con el presidente jugará a favor o contra de Carvajal en la plenaria del Senado.
Las otras dos candidatas son menos conocidas, pero son juristas con una destacada carrera académica. Dídima Rico es una penalista con doctorado en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido docente y directora de especializaciones y maestrías en la Universidad Autónoma, y forma parte del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL). La también editora de la revista Criterio Jurídico Garantista fue magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional pactada entre el Estado y las extintas FARC. A diferencia de Carvajal, Rico no cuenta con buenas relaciones con el expresidente Uribe, quien en 2020 la incluyó en un listado de personas de la JEP que, decía, no eran imparciales. “Dídima Rico Chavarro, Magistrada auxiliar sección primera instancia en casos de ausencia de reconocimiento de verdad. Militante del Polo Democrático”.
Karena Caselles Hernández también tiene una trayectoria laboral en las altas cortes. Abogada de la Universidad Santo Tomás, especializada en derecho constitucional y en administrativo de la Universidad del Rosario, con magíster en derecho del trabajo de la Universidad Externado y doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, es experta en asuntos laborales y fundó la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo. También miembro del CESJUL, ha sido magistrada auxiliar en la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, donde trabajó en el despacho de Alberto Rojas Ríos. De hecho, quedó encargada de las funciones de Rojas una vez este terminó su período, y mientras se posesionaba su reemplazo.
La postulación de Petro ha sido recibida con críticas de parte de quienes la ven como una “terna de uno”, en la que no hay verdadera competencia entre las dos abogadas y Carvajal. Otros le reprochan al presidente que candidatize a quien ha sido su abogado personal. La defensora del Pueblo iris Marín, quien también ha sido magistrada auxiliar en la Corte, señaló otro problema: Petro ha defendido la paridad de género en su gabinete y ha sacado pecho por ternas totalmente femeninas, como la que tuvo a la Fiscalía, y no repite ese expediente pese a que se está reduciendo la representación femenina en la Corte. “Presidente, que lástima haber perdido la oportunidad de contar con una terna de mujeres. Usted ha sido pionero en esa iniciativa y hoy, más que siempre, es necesario mantener la paridad en la Corte Constitucional”, dijo vía X.
La elección será clave para reorganizar las fuerzas en la Corte que en pocos meses deberá tomar una decisión definitiva frente a la reforma pensional aprobada en el Congreso de la República. El proyecto de ley, sin duda el mayor logro entre las atascadas transformaciones sociales que promete el Gobierno, enfrenta una ponencia negativa del magistrado conservador Jorge Enrique Ibáñez. En los últimos meses, Petro logró que su secretario jurídico en la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade, fuera elegido como magistrado. También impulsó en la Corte a Miguel Polo Rosero, un jurista experto y conservador.